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Reformistas cazan a los generales “democráticos” de la junta

¡Condenamos el plebiscito pinochetista!

  

  

Por la Organización Trotskista Revolucionaria de Chile, enero de 1978. Impreso en Spartacist en español No. 6, julio de 1978.

  

El plebiscito del 4 de enero instrumentado por el general Pinochet, el César bárbaro de la junta militar que durante los últimos cuatro años ha azotado a los trabajadores de Chile, es un claro signo del profundo aislamiento del régimen bonapartista y en particular de su hombre fuerte. Los resultados manipulados han sido descontados universalmente, hasta por el Departamento de Estado de los EE.UU. dada la absoluta imposibilidad de cualquier simulacro de una expresión de la voluntad popular bajo la condiciones imperantes en Chile hoy día. En vez de encubrir la dictadura con un velo de aprobación democrática, el “voto” fraudulento sólo logró recordar a otros regímenes plebiscitarios hediondos (desde Napoleón III, quien ordenó la “aprobación” de su golpe de estado de 1851 y el otorgamiento del título de emperador, hasta “consultas” parecidas ratificando actos de fuerza por los Nazis).

  

Sobre todo, el inútil intento de “legitimar” la dictadura pinochetista desató las primeras manifestaciones abiertamente dirigidas contra la junta desde que el sangriento golpe de 1973 forzó toda la oposición a sumergirse en la clandestinidad. En noviembre los mineros del cobre de la vasta mina de El Teniente salieron en huelga, logrando el pago de los bonos que les debía la administración estatal. Una semana después se juntaron 100 parientes de detenidos “desaparecidos” frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego, como respuesta al anuncio del plebiscito, durante cuatro días partidarios del Partido Demócrata Cristiano (DC) repartieron hojas volantes abogando por el voto de “no”, produciendo varias detenciones y pequeñas confrontaciones con la policía. Y el día 3 de enero aproximadamente 500 manifestantes de izquierda desfilaron por el centro de Santiago, haciendo un acto frente a la Moneda (el antiguo palacio presidencial).

  

La farsa de la “consulta nacional” del tirano Pinochet constituyó un revés para sus ambiciones personales y desacreditó a la junta militar como tal.  El ejercicio puso al desnudo la bancarrota de un régimen que se ha lanzado por la senda de un programa explícito de desindustrialización quizás el único país del mundo donde un gobierno ha provocado la muerte de hambre en gran escala entre los pobres como política consciente; de una dictadura que se inspira abiertamente por el Reich nazi, incluso con sus campos de concentración, en su política de exterminio de toda oposición de izquierda. Este fracaso para el gobierno animará a los opositores de la junta militar; los revolucionarios deben aprovecharse de esta situación para avanzar su trabajo de despertar y rearmar políticamente al proletariado chileno.

  

No obstante, lejos de despertar este gigante poderoso ― única fuerza social capaz de terminar con las dictaduras militares, los partidos reformistas, comunista (PCCh) y socialista (PS) están trabajando a un ritmo febril para forjar nuevas cadenas para atar a los obreros chilenos al enemigo de clase. Esta vez la alianza abarcará no sólo los radicales y demócratas cristianos disidentes, sino la DC misma e incluso al ex-presidente Frei quien desempeñó un papel fundamental en fomentar el golpe de 1973; y los “sectores democráticos” del cuerpo de oficiales; es decir cualquiera de los generales y almirantes carniceros dispuestos a abandonar a Pinochet, quien está por hundirse, y que concuerdan en una “liberalización” limitada del régimen, asemejándose al gobierno caetanista, continuador de la dictadura salazarista en Portugal.

  

Es nuestro deber como revolucionarios de la clase obrera advertirles a las enlutadas masas trabajadoras de Chile y al proletariado del mundo entero de la amenaza planteada por los proyectos de los reformistas. ¡Hablar de una “transición pacífica a la democracia” es una mentira engañosa! No se olviden a que tragedia condujo la llamada “vía pacífica al socialismo”: al 11 de septiembre de 1973 y a la masacre de millares de obreros sin armas ni dirección. La burguesía no va a regalar las libertades democráticas, tan ardientemente deseadas por las masas chilenas, porque teme ante todo al potencial revolucionario del despertar proletario. Es por eso que respaldó, en su abrumadora mayoría, al golpe de 1973 y que desatará otra matanza contrarrevolucionaria si fuese necesario para evitar que las masas “vayan más allá” de lo aceptable en el acto de derrumbar a la junta criminal. La consigna de los revolucionarios leninistas es y será: “¡Aplastemos a la junta sangrienta por la revolución obrera!”

  

Dictadura en apuros

  

La junta militar que gobierna Chile hoy día, constituida por representantes de las tres ramas de las FF.AA. y carabineros, ha asumido su rol a sangre y fuego como resultado de la política de colaboración de clases de las direcciones obreras tradicionales concretizada en el frente popular de Salvador Allende, la Unidad Popular (UP). El fracaso de la línea frentepopulista cristalizada en el programa de la llamada “vía chilena al socialismo”, que se demostró incapaz de cumplir su papel de dique de contención de la clase obrera ―unido a la incapacidad de los partidos políticos de la burguesía de solucionar la honda crisis existente― empujó al golpe de las FF.AA.

  

La junta militar que a través de un camino de sangre obrera y de la destrucción de las libertades democráticas y sindicales se ha instalado en el poder, cumple el objetivo de sacarle las castañas del fuego a la burguesía. Los estalinistas y socialdemócratas la califican erróneamente de “fascista” para disculpar sus frentes “antifascistas” con sectores de la burguesía. Sin embargo, aunque el golpe de septiembre fue avalado por los imperialistas y la burguesía criolla, y por importantes capas de la pequeña burguesía, el gobierno militar nunca ha gozado de una amplia base de apoyo social activa, al contrario de los movimientos fascistas que se alzaron al poder sobre la base de una movilización de pequeños burgueses enfurecidos. Asimismo la calificación de “gobierno gorila” ―aunque pretenda ser “popular” y “de más fácil comprensión”― significa esquivar el verdadero problema de dar una caracterización científica del régimen actual.

  

Para los marxistas la junta de Pinochet es un régimen bonapartista en el cual un grupo reducido o aún un solo individuo trata de alzarse por encima del tira y afloja normal de las clases en pugna, expresada a través de los mecanismos de la democracia burguesa, para imponerse como árbitro y protector supremo de los intereses de clase capitalistas. En este caso se distingue del caudillo latinoamericano tradicional (desde Rosas a los Somoza y Stroessner) por el hecho de que es el cuerpo de oficiales de las FF.AA. la “esencia misma del estado” ― que asume directamente la dirección gubernamental frente a la creciente agudización de los conflictos de clase.

  

Además, el modelo económico de la junta militar no corresponde en absoluto a los regímenes corporativistas de Italia y Alemania bajo el mando fascista. En nuestro país la política del gobierno bonapartista no ha logrado encontrar un camino viable para la solución de la crisis económica. El “tratamiento de shock” del premio Nobel Milton Friedman, basado sobre un liberalismo de “mercado libre” (el libre cambio y el empuje a las exportaciones, con las devaluaciones “minis” y otras), se ha mostrado incapaz de sobrepasar la inflación galopante y pese a las cifras optimistas del gobierno la deuda externa alcanza niveles impresionantes. En realidad todo se resume a volcar los déficits presupuestales sobre las espaldas de la clase obrera y la pequeña burguesía.

  

Aunque beneficia a unos pocos monopolios y por supuesto a las “multinacionales”, esta política ha conducido a un descenso alarmante en la producción industrial ya gran número de quiebras de empresas. Es así que la política del sector “duro” de la junta ―léase Pinochet― es contestada por importantes sectores de la burguesía y de los pequeños propietarios, y comerciantes. Irónicamente se trata de muchos de los mismos elementos que obraban activamente por el golpe de 1973 mediante la política de “desestabilización” (paros patronales de los camioneros, comerciantes, profesionales, etc.). La DC se ha propuesto acaudillar este movimiento y con el documento “Esta es mi Respuesta” Eduardo Frei se lanzó públicamente en el terreno de la oposición. Aún la organización criminal de ultraderecha: “Patria y Libertad” también se opone a la junta.

  

Dentro de la junta se reflejan las diferentes presiones, producto de la actual situación, y vemos a Pinochet realizando equilibrios en un trapecio ya bastante roído. Tanto el general Leigh como el almirante Merino se han pronunciado contra el plebiscito. Los motivos no son los mismos: Merino siempre ha actuado directamente respondiendo a los dictados del Pentágono y de la CIA, mientras que el comandante de la aviación ha sido el propulsor de una política corporativista, de dar más representación a los “gremios” en la búsqueda de un apoyo de masas, presentándose de esta manera como el abanderado de los fascistas de Pablo Rodríguez (dirigente de Patria y Libertad). Pinochet se resiste al cambio de rumbo y es en este marco que convoca la “consulta nacional” como desesperado intento de autodefensa.

  

La trágica farsa pinochetista

  

La resolución votada por las Naciones Unidas, que condena a Chile por la continua violación de los derechos humanos, “indignó”, según se informa, al presidente Pinochet. Este decidió responder con su plebiscito, luego rebautizado “consulta nacional”, según la cual cada ciudadano es convocado a declarar “si respalda al presidente de la república”, o si en cambio apoya a la pretensión de la ONU “de imponernos desde el exterior, nuestro destino futuro”.

  

Los militantes trotskistas no entregamos ningún gramo de confianza a la organización internacional de las burguesías ― donde además participan los representantes de las burocracias dirigentes de los estados obreros deformados y degenerado. Aún más, esta resolución de la ONU se plantea en el marco de la campaña de proyecciones anticomunistas de Jimmy Carter en defensa de “los derechos humanos”. El blanco principal de esta campaña es la Unión Soviética y sus satélites, y su propósito es de rearmar “moralmente” al imperialismo yanqui, debilitado después de su derrota humillante en Indochina. En este marco repudiamos las lágrimas de cocodrilo de uno de los principales responsables de la situación actual en Chile y la principal fuerza contrarrevolucionaria a escala mundial; y también el patriotismo del “prócer” Augusto Pinochet.

  

En el contexto de la “defensa de Chile” la papeleta de voto por el “sí” lleva los colores de la bandera nacional, y su significado es el siguiente:

  

“Frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la república para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país.”

  

La amordazada prensa chilena, enteramente adicta al gobierno a diferentes grados, fue inundada con la propaganda para un voto de “sí”. La amenaza de violencia contra los opositores al régimen fue apenas disfrazada. Para prevenirse contra un boicot masivo se declaró la obligación de votar. Al entregar la papeleta de voto, la cédula de identidad de cada individuo sería cortada y marcada con un sello especial; a los que no acudían a las urnas (donde se podría detener fácilmente los “elementos subversivos”) se les daba un plazo de ocho días para presentarse ante las autoridades con una explicación adecuada, o si no sus documentos quedarían invalidados.

  

Pinochet se lanzó al plebiscito sin siquiera consultar con los otros miembros de la junta y éstos reaccionaron mostrando su desacuerdo con esta medida. Su principal objeción era que Pinochet utilizaría este instrumento para apartarles aún más a los demás miembros del cuadrumvirato del ejercicio del poder. En una carta dirigida a Pinochet, Leigh se expresa en los siguientes términos:

  

“Rechazamos los referéndums de carácter de plebiscito, propios de gobiernos de tipo personal... Es por esta razón que el poder no reside en ninguno de nosotros, él reside en la Junta de Gobierno... Vuestra Excelencia ha organizado un referéndum pese a la oposición de dos miembros de la Junta.”

  

El otro miembro, de la junta al que se refiere Leigh es Merino. En su propia misiva a Pinochet, Merino se expresa en términos más duros, menos “elegantes”, que los de Leigh, e incluso afirma que:

  

“Las instrucciones dadas a los intendentes para que los votos nulos y en blanco sean considerados a favor, hará que el resultado de la elección pierda todo valor moral ante la opinión pública nacional y extranjera.”

  

Por otra parte la iglesia, representada por el comité permanente de la Conferencia Episcopal chilena, pidió a Pinochet que el plebiscito fuera postergado o suspendido hasta que las condiciones fueran más favorables. Aunque esta actitud fue ampliamente interpretada como oposición a la “consulta”, fundamentaron que desean colaborar en la unidad de todos los chilenos, calificando de positiva la consulta y de acuerdo con un ideario cristiano. Solicitaron la suspensión “por el prestigio de la Junta de Gobierno y de las FF.AA.”. De esta manera quisieron mostrar que sus preocupaciones de ninguna manera podrían ser consideradas como un desafío al régimen militar.

  

El contralor general Héctor Humeres que ha ocupado este cargo durante once años ―bajo las presidencias de Frei, Allende y Pinochet― rechazó el decreto del plebiscito aduciendo que este carecía de suficiente fundamentación legal. Claro que este rechazo la valió a Humeres su pronta jubilación, asumiendo el cargo el ministro del trabajo, Sergio Fernández, que por supuesto no tenía ninguna objeción al decreto plebiscitario.

  

La DC se pronunció contra el referéndum porque no es “claro, legítimo, ni representa la voluntad soberana del pueblo”. Frei declaró que la consulta no es clara porque se exige del electorado que responda a dos preguntas: si se respalda al presidente y si se reafirma la legitimidad del gobierno. Agregó que: “podría haber personas que contestaran afirmativamente a lo primero y negativamente a lo segundo.” Y además: “No se puede confundir la patria con un gobierno y mucho menos con una persona.” Así quiso sugerir que una mera reformulación de la pregunta habría legitimado al plebiscito.

  

En términos globales Frei recalcó, igual que los obispos, que no pensaba enfrentarse con la junta en sí. Más bien, probamente el paso de la DC a una oposición activa con motivo del plebiscito debe considerarse como parte integral de la oposición a la maniobra de Pinochet por parte de un sector de la junta militar. Y seguramente no fue ajena a las ocasionales notas de desagrado procedentes del Departamento de Estado. La imagen de una coalición en gestación que pasa desde los fascistas y el general Leigh hasta la DC no debe sorprender. Tanto Patria y Libertad como los Demócratas Cristianos han sido en el pasado los destinatarios de fabulosas sumas del gobierno estadounidense, y Frei (con otros dirigentes democristianos) lanzó su carrera política en la falange fascistoide. Durante el gobierno de Allende los lazos entre la DC y los gremios fortalecieron el terreno de encuentro entre estos entusiastas de la “Alianza para el Progreso”, la CIA y los fascistas

  

La izquierda y el plebiscito de Pinochet

  

Asimismo los partidos de la UP y el MIR se pronunciaron a varios niveles contra el plebiscito. Según las informaciones de prensa, el Partido Comunista, el MIR y el Partido Radical se pronunciaron por el voto de “no”, mientras el Partido Socialista llamó a un boicot del plebiscito. Una declaración conjunta de la UP (firmada por el PC, los radicales, MAPU ―Movimiento de Acción Popular Unitaria, una escisión “marxista-leninista” de la DC, la Izquierda Cristiana― un posterior escisión demócrata cristiana de la DC e independientes) denunció la votación como “una simple mascarada del más puro modelo franquista-hitleriano”. Sin embargo la UP, como Freí, hizo claro que su orientación fue dirigida hacia la oposición contra la maniobra de Pinochet dentro de la junta. “Las Fuerzas Armadas”, recalcó, “no pueden seguir avalando esta política demencial, que nos ha conducido a esta peligrosa situación... escogiendo la vía de un desafío provocativo a la comunidad internacional” (citado según Mundo Obrero [Madrid], 5-11 de enero de 1978).

  

El Partido Comunista llamó a la abstención o al voto de “no”. En una entrevista el secretario general del, PCCh, Luis Corvalán, declaró que:

  

“La mayoría de nuestros compatriotas se orienta a no concurrir a votar o a votar por el ‘no’. El pueblo sabrá descubrir y aplicar otras formas de protesta, las que estime convenientes y posibles.”

  

Excélsior [Madrid], 4 de enero 

  

Pero la preocupación mayor de los estalinistas es de perseguir a Frei y otros sectores importantes de la burguesía para poder concretizar un “compromiso histórico” a la chilena. Pinochet no puede, dice Corvalán, detener “el proceso de entendimiento de las fuerzas democráticas antifascistas y no-fascistas” (subrayado nuestro). O sea ¡aboga por la formación de una alianza con las mismas fuerzas motrices del golpe de 1973!

  

No cabe duda que el plebiscito ha sido convocado unilateralmente por Pinochet y representa la última carta que éste juega para tratar de reafirmarse y superar la situación crítica en la que se encuentra. La “consulta” no es más que un monstruoso fraude y la clase obrera y demás sectores explotados de Chile no pueden menos que repudiar resueltamente esta mascarada, cuyo resultado, por supuesto, ya era conocido de antemano. Donde es posible, los revolucionarios buscarían expresar este rechazo al boicotear el plebiscito fraudulento. Pero el gobierno anunció que quien no participe en el referéndum anulará su carnet de identidad. Una consigna global de boicot podría entonces acarrear graves consecuencias de aislamiento de los centros de trabajo e incluso legalmente podría significar la prisión y/o deportación. Donde no es posible boicotear el plebiscito los trabajadores deber expresar su rechazo a la farsa pinochetista votando en blanco. En ningún caso podemos votar “no” porque esto significaría avalar el procedimiento electoral.

  

Es fundamentalmente la situación política y organizativa de la clase obrera que no permite, por ahora, avanzar más resueltamente en un cuadro de movilizaciones contra la junta. El proletariado se encuentra políticamente desorganizado como producto de la política traidora de las direcciones obreras cuyo objetivo es la alianza con la burguesía.

  

Frei y su cohorte estalinista

  

La política de los partidos reformistas de masas, el PC y PS, dentro de la concepción menchevique-estalinista de la revolución por etapas, se plantea como objetivo del período la lucha “antifascista”. Para cumplir con este objetivo su proyecto es la ampliación de la colaboración de clases a través de la alianza con la DC. Así frente al plebiscito han corcado a pies juntillas las mismas consignas demócrata-cristianas. Los traidores a la clase obrera miran a hurtadillas detrás de las sotanas de los curas el desarrollo de la lucha de clases y del movimiento obrero. De la misma manera han corrido tras las movilizaciones contra el plebiscito, que organizó la juventud falangista demócrata-cristiana de Frei.

  

El 12 de octubre la DC emitió su primera declaración de oposición formal a Pinochet, titulada “Patria para Todos”. Esta declaración reivindica un traspaso gradual de las riendas del poder a un gobierno civil, empezando con el levantamiento del estado de sitio. Rechaza toda “conspiración ilegal” contra el régimen y dice que una asamblea constitucional debería ser convocada dentro de un año para reformular la constitución de 1925. Luego se elegiría un nuevo gobierno para reemplazar la junta. Con otras palabras, ¡se reconocería como legítima la dictadura militar, que continuaría gobernando durante todo este período! La “asamblea constitucional” propuesta por Frei no tendrá más poder que las impotentes Dumas bajo el zar; cuando el régimen autocrático deja de tolerarla, esta asamblea hueca tendría que someterse o verse disuelta.

  

En respuesta a la declaración democristiana “Patria para Todos” Corvalán, en declaraciones realizadas en París en el mes de diciembre, planteó: “Queremos llegar con todos los demócratas, a un acuerdo para hoy día y para mañana, es decir, no solamente para derrotar al fascismo, sino también para reforjar el país y construir una democracia renovada.” Propuso en seguida: “un gobierno democrático, ampliamente representativo, sobre la base de un entendimiento, de una alianza entre la UP y la DC, y con la participación de los sectores democráticos de las FF.AA.” Esta es la misma línea traidora que estos señores ordenaron durante el gobierno de Allende, salvo que en ese entonces fueron los oficiales “constitucionalistas” quienes recibieron los elogios de los estalinistas; de entre ellos uno de los más destacados fue... un tal Augusto Pinochet.

  

La UP busca una alianza con Frei y el conjunto de la DC, pero el MIR que quiere seguir jugando al “izquierdismo” es también una pieza vital de este coro antiobrero. En el boletín del MIR de septiembre de 1977 vemos: “El secretariado interior del MIR... hace un nuevo llamado a los partidos de la UP y sectores democráticos del PDC, a realizar los mayores esfuerzos para que 1977 sea el año de la consolidación definitiva de la unidad del pueblo y de la resistencia.” Los castristas chilenos creen poder engañar al proletariado al mencionar a “los sectores democráticos” de la DC. ¿Es que acaso estos “demócratas” no participaron en la preparación del golpe militar, directa o indirectamente? Si no conociéramos la política de estos apéndices del estalinismo, podríamos creer en su ingenuidad pero ¡No! Compañeros del MIR, no se combate a la burguesía con un programa burgués; y este programa mínimo es el que Uds. han firmado en agosto de 1977 con la UP. Plegándose a la línea de la DC con su reivindicación de una Duma embellecida, esta plataforma conjunta hace caso omiso de la consigna democrático-revolucionaria de una asamblea constituyente.

  

El proletariado no puede dejarse arrastrar por el frentepopulismo. Las libertades democráticas no serán otorgadas graciosamente por la burguesía; deben ser arrancadas por la movilización conjunta de todos los explotados. Exigimos la libertad de todos los presos de la represión derechista y la legalización de las organizaciones obreras, políticas y sindicales, asimismo la libertad de volver a Chile, sin que pese ninguna acusación en su contra, para todos aquellos que han debido exilarse por la represión de la junta. Contra las adaptaciones reformistas al programa burgués, como trotskistas levantamos la consigna de una asamblea constituyente que tenga plenos poderes, elegida por sufragio universal igual, directo y secreto. Una verdadera asamblea constituyente por su naturaleza misma sólo puede ser convocada bajo condiciones de plenas libertades democráticas, que permitan la participación de todos los partidos de la clase obrera. Así requiere como prerrequisito el derrocamiento revolucionario de la junta, algo que la DC y los reformistas, a pesar de sus largas listas de consignas democráticas, olvidan mencionar.

  

No sólo de consignas democráticas...

  

El proletariado no desdeña a otros sectores sociales que quieran luchar a su lado. Pero levantamos las consignas democrático-revolucionarias en el marco de un programa de reivindicaciones transitorias que contemple las aspiraciones del campesinado y otras capas explotadas de la pequeña burguesía y que conduce a los objetivos históricos del proletariado: la destrucción del estado burgués por la toma del poder por los obreros y la instauración de la dictadura del proletariado.

  

Luchamos por el poder de los soviets, los consejos de obreros y campesinos. En Chile se proyectó embrionariamente este tipo de organización de clase en los Cordones Industriales que surgieron después de noviembre de 1972. Pero los cordones surgieron con el alza de la lucha obrera (y a pesar de las direcciones traidoras). La situación hoy día en Chile es muy distinta a los inicios del 73; vivimos los estragos de un régimen contrarrevolucionario. Donde están abolidas aún las más mínimas libertades democráticas. Bajo una de las más crueles dictaduras reaccionarias que la historia, haya conocido. La reorganización política de la clase obrera debe realizarse contra la burguesía enquistada en sus burocracias dirigentes.

  

Una prueba dramática de la imposibilidad de limitar la lucha contra la junta a las consignas democráticas fue proporcionada por la huelga de 12 días de los mineros de El Teniente en noviembre pasado. Esta huelga, que involucraba centenares de obreros, se desarrolló contra los esfuerzos de los dirigentes “sindicales” títeres impuestos por la junta militar. Al mismo tiempo que autorizó el pago de los bonos de productividad a los trabajadores, Pinochet exiló al lejano norte del país a varios de los dirigentes demócratas-cristianos de los sindicatos mineros. Hoy los reformistas y centristas elogian a la última huelga de El Teniente como símbolo de “la resistencia”. Sin embargo, los estalinistas y socialdemócratas no proponen consignas de lucha obrera, como por ejemplo una escala móvil de los salarios y horas de trabajo para protegerse contra la inflación y abrir empleos para los desocupados.

  

Cuando los obreros de El Teniente se declararon en huelga bajo el régimen de la UP (abril-mayo de 1973) en defensa de su escala móvil de salarios, los trotskistas de la tendencia espartaquista internacional (TEI) hemos sido una de las pocas organizaciones obreras que defendimos la justa lucha de los mineros para proteger esta conquista sindical, ganada de los antiguos patronos norteamericanos mediante duras luchas contra los proyectos anti-obreros de austeridad e intensificación del ritmo de trabajo impuestos por el frente popular (véase “Defendamos la huelga de los mineros”, Cuadernos Marxistas No. 3). Una dirección revolucionaria de los sindicatos habría extendido la huelga, exigiendo un gobierno obrero y la expropiación de todas las industrias. De esta manera habría frustrado rápidamente los intentos demagógicos de la derecha de utilizar la huelga para sus propios fines. Pero Allende condenó a los huelguistas, calificándolos de “privilegiados” mientras los estalinistas los calumniaron como “fascistas” y llamaron a sus militantes a romper la huelga. De manera que hoy día sólo los trotskistas estamos autorizados a aconsejarles a los mineros de El Teniente de no poner ninguna confianza en sus falsos dirigentes democristianos; los partidos de la UP y el MIR serían desdeñados con toda justificación como rompehuelgas.

  

Para los leninistas las consignas democráticas constituyen una parte subordinada del programa de la clase obrera. Como señaló Trotsky, refiriéndose al papel de las consignas democráticas en los países bajo el mando fascista: “Pero las fórmulas de la democracia (libertad de asociación, de prensa, etc.), no son para nosotros más que consignas pasajeras o episódicas en el movimiento independiente del proletariado, y no un nudo corredizo democrático pasado al cuello del proletariado por los agentes de la burguesía (¡España!)” (Programa de Transición). En los países de tradiciones democrático-burguesas y con una estructura social avanzada, la consigna de una asamblea constituyente no es un elemento fundamental del programa proletario. Así que después de la toma del poder por la junta militar la TEI no lanzó esta consigna. La levantamos hoy día como táctica, contra los esfuerzos de la burguesía, ayudada por sus agentes en el movimiento obrero, de pactar con sectores de las FF.AA. Intentamos de esta manera desenmascarar el miedo de la burguesía a la democracia revolucionaria.

  

Exigiendo una asamblea constituyente, los marxistas debemos advertir al mismo tiempo que la burguesía teme a esta consigna democrático-revolucionaria, buscando preferencialmente un arreglo con los generales “democráticos”; y que, aún si fuese convocada, los explotadores buscarían frustrar siquiera las medidas democráticas más fundamentales hasta que se rompa finalmente su dictadura de clase (véase, por ejemplo, la suerte de la reforma agraria portuguesa). Por lo tanto instamos al proletariado a luchar por la total extirpación del latifundio mediante una revolución agraria, expropiando a los fundos y otorgando la tierra a los campesinos pobres y trabajadores agrícolas; por la expropiación de la industria y la banca; por el control obrero de la producción; por un gobierno obrero soviético.

  

¡Construyamos un partido trotskista revolucionario chileno!

  

El proletariado no puede, espontáneamente, lograr estos objetivos; es preciso romper primero con las burocracias colaboracionistas de clases que son las responsables de la derrota, con aquellos que han entregado a la clase obrera atada de pies y manos a la burguesía. En la lucha por construir una verdadera dirección trotskista un obstáculo principal son los centristas, aquellos “críticos” a medias del frentepopulismo que constituyeron el furgón de cola de los traidores reformistas. Así que mientras el MIR se arrastró ante la UP, la Liga Comunista de Chile (LCCh ― un grupo sacado del aire por el Secretariado Unificado de Ernest Mandel) siguió tras el MIR. La LCCh se rehúsa calificar a la UP como frente popular (llamándola reformista), y sigue la línea de sus compañeros franceses, la LCR, que llamará a votar por candidatos de la Unión de la Izquierda en las elecciones de marzo. Los episódicos excesos aventureristas de los mandelistas chilenos, como el llamado en el período posterior al golpe por una “huelga general revolucionaria”, sólo sirve de pantalla para encubrir su claudicación política.

  

Por otra parte, los seudotrotskistas del difunto POMR, ahora “Comité de Enlace de los Militantes Trotskistas Chilenos” (del Comité por la Reconstrucción de la IV Internacional de Pierre Lambert) calificaron de frente popular a la UP... al mismo tiempo declarando que el voto por Allende en 1970 fue “un voto de clase contra clase”. En cierto sentido tienen razón: ¡fue un voto por la burguesía y contra la clase obrera! Los lambertistas chilenos actualmente centran su programa sobre las consignas democráticas en vez de enraizarlas en un programa de transición por el poder obrero. Y eligiendo los consejos de sus padrinos franceses, quieren hacer pasar la reorganización política del movimiento obrero chileno por el PS ― así conciben la “construcción del partido en la clase”. Son los defensores del partido/pantano que durante los últimos 40 años ha sido una de las principales fuerzas de la colaboración de clases en Chile.

  

Los leninistas chilenos luchamos por la aplicación de la teoría de Trotsky de la revolución permanente: sólo el proletariado dirigido por una dirección revolucionaria es capaz de cumplir los postulados democráticos y alcanzar el socialismo en un proceso ininterrumpido de lucha contra el capitalismo. La vanguardia revolucionaria de la clase obrera será construida arrancando al proletariado de entre las manos de las direcciones reformistas, no capitulando ante ellas como hacen los centristas. La consigna: “Romper con la burguesía” ―levantada en forma contradictoria por los cordones industriales en las últimas semanas antes del golpe― es un llamado a desprender la clase obrera de las garras criminales de los social-traidores para abrazar el programa de la revolución permanente.

  

¡No a la canallada electoral de Pinochet!

¡Por una asamblea constituyente, aplastemos la Junta por la revolución obrera!

¡Construyamos un partido trotskista revolucionario chileno!

¡Hacia el renacimiento de la Cuarta Internacional!

  

  

Enero de 1978