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¡Aplastar el régimen de terror chileno!

¡Vengar a Letelier!

  

  

Traducido de Workers Vanguard No. 214, 8 de septiembre de 1978. Esta versión fue impresa en Spartacist en español No. 7, junio de 1979.

  

En el quinto aniversario del sangriento golpe que lo trajo al poder, el régimen de terror del dictador chileno General Augusto Pinochet es cualquier cosa menos estable. La semana pasada decretó nuevamente el estado de sitio, la caución “legal” por la regimentación militar arbitraria que este país enlutado ha sufrido desde aquel fatídico 11 de septiembre en 1973. En los primeros meses de este año el estado de sitio había sido “levantado” (sin haber cambiado en nada las salvajes realidades de la vida bajo los generales), a fin de satisfacer el clamor de Washington por una limpieza de la imagen de la junta militar chilena. Ahora lo han vuelto a poner: basta con la cirugía cosmética de “derechos humanos”.

  

A raíz de la decisión de la Casa Blanca de proseguir con la investigación del asesinato del ex-diplomático y ministro Orlando Letelier, Pinochet tiene sus días contados. Desde el principio todas las huellas señalaban a la mano negra de la DINA, la policía secreta del tirano, pero al inicio Pinochet era protegido por la complicidad de los propios matones del imperialismo norteamericano. Ahora que Jimmy Carter ha decidido lavarse las manos del carnicero de Santiago, sin embargo, las ratas abandonan la nave naufragante de Pinochet. Aún los generales fascistizantes súbitamente descubren sus convicciones democráticas.

  

El odiado Pinochet podría muy bien terminar compartiendo la suerte de Rafael Trujillo, el asesino “Benefactor” de Santo Domingo quien fue tirado a los perros cuando ya no le servía más a los Estados Unidos. Pero si es Washington quien aprieta el gatillo, y no un alzamiento popular de las masas chilenas el que derroque al “prócer”, será simplemente reemplazado por otro opresor castrense. Gana la CIA, pierden los obreros.

  

Los imperialistas ya se felicitan sobre las inculpaciones en agosto de cinco exilados cubanos, tres altos funcionarios de inteligencia militar chilena y un asesino fascista norteamericano por parte de un gran jurado federal. El Washington Post (3 de agosto) elogió al fiscal y al agente del FBI encargados del caso como “símbolos internacionales de la persistencia tenaz de las autoridades estadounidenses por resolver el caso del asesinato de Letelier.” El Economist (26 de agosto) de Londres añadió su aprobación: “con las recientes inculpaciones, nadie podría acusar a Washington de pereza en la prosecución de los asesinos del Sr. Letelier.” Y mientras la prensa burguesa se jactaba, los liberales en el congreso norteamericano denunciaban a los escuadrones de muerte chilenos y amenazaban brevemente con un boicot de armas a la junta militar. Todos olvidaron con gran alivio que los EE.UU. fueron en gran parte responsables por el desate de los verdugos y los torturadores de Pinochet.

  

Quienes buscan vengar el vil asesinato de Orlando Letelier deben comprender que no pueden acudir a la “justicia” de la “democracia” imperialista. Por “razones de estado”, los verdaderos autores del crimen saldrán impunes, no importa si sus asesinos a sueldo cumplen una condena o no. Ya se hacen negociaciones para que los fascistas y gusanos quienes llevaron a cabo el asesinato reciban sentencias mínimas. Mientras tanto el FBI y la CIA (¡los cuales sabían de antemano que un complot estaba en trámite y no hicieron nada para pararlo!) se hacen pasar como los héroes que atraparon a los culpables.

  

Santiago/Miami/Langley

  

Como antiguo ministro del exterior y defensa en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y antiguo embajador a los EE.UU., Orlando Letelier fue un prominente enlace entre el movimiento de los exilados chilenos e influyentes liberales imperialistas. Así cuando él y su colega Ronni Moffitt fueron asesinados el 21 de septiembre de 1976 por la explosión de una bomba que destruyó su coche momentos después de pasar frente a la embajada chilena en Washington, todos los hilos llevaban directamente a Pinochet y a la DINA. Sin embargo, durante muchos meses la investigación del asesinato por el Departamento de Justicia estuvo estancada, atascada en una confusión de pistas falsas, dilación y chapucería intencionada, hasta el momento que la administración Carter dio un giro completo en su política hacia las dictaduras latinoamericanas.

  

Una vez que Washington decidió que en realidad quería encontrar a los asesinos de Letelier, el ritmo “metódico” de la investigación se aceleró súbitamente. El fiscal federal Eugene Propper, hoy representado como un caza asesinos sincero, dejó de atribuir el asesinato a amantes celosos o a la izquierda y de pronto descubrió la participación de exilados cubanos anticastristas. El descubrimiento decisivo fue la identificación y extradición subsiguiente de un ciudadano estadounidense, Michael Vernon Townley, un residente de Chile por mucho tiempo, quien fue el operativo clave de la DINA en el complot contra Letelier (véase “Pinochet’s the One!”, WV No. 202, 21 de abril de 1978).

  

Townley, un experto en explosivos con mucho que ocultar, cantó como un gallo a fin de hacer un arreglo con la justicia norteamericana. Su testimonio es detallado e irrecusable. La acusación de quince páginas implica como los principales autores del complot al general Juan Manuel Contreras, ex-jefe de la DINA y mano derecha de Pinochet; al jefe de operaciones de la DINA, el teniente coronel Pedro Espinoza; a un operativo de la DINA, el capitán Armando Fernández, quien entró a los Estados Unidos con Townley con pasaportes diplomáticos falsos para preparar el asesinato. El gran jurado acusó además a cinco cubanos contrarrevolucionarios, miembros de una escuadra de gusanos terroristas entrenados por la CIA que opera desde Miami y New Jersey. Entre ellos se encuentran Guillermo e Ignacio Novo, veteranos de la invasión de Playa Girón, quienes han estado bajo la vigilancia del FBI desde que éstos atacaron con bazucas al edificio de la ONU en Nueva York durante la estadía del “Che” Guevara.

  

La enumeración de los participantes es amplia, la conexión con la junta y hasta con los compinches de Pinochet es explícita, y se detuvieron en Chile a los tres funcionarios nombrados de la DINA. Dicen los liberales para justificarse que sólo hay que dejar que la justicia siga su rumbo. ¡Nada de eso! Los funcionarios de la DINA están solamente bajo “arresto domiciliario”, y es poco probable que sean entregados sin el anterior desposeimiento de Pinochet. Townley, como observó secamente el Washington Post, ha sido tratado como el testigo clave y no como uno acusado de asesinato, aunque admite haber colocado la bomba que hizo añicos a Orlando Letelier y Ronni Moffitt. A Townley solamente se le acusa de “conspiración para matar”, y a cambio de confesarse culpable de éste único cargo el fiscal y el juez le han prometido una sentencia de entre tres y diez años, ¡con una recomendación previa de concederle la libertad provisional después de solo 40 meses!

  

A este asesino infame’ se le refiere en Washington hoy como el John Dean de Pinochet, o sea el hombre que “sopló contra la DINA”. A duras penas puede hacerse de Dean un modelo de la rectitud moral, pero hasta éste parece limpio en comparación con Townley. Tanto Townley como su mujer jugaron un papel activo en Patria y Libertad, una organización fascista chilena, en la época cuando ésta recibía una ayuda abundante de la CIA para financiar el sabotaje y la “desestabilización” en contra del régimen de Allende. Llegó al conocimiento público por primera vez en 1973, cuando participó en un ataque de bombas que mató a un sereno en la ciudad de Concepción. Además de ofrecer sus servicios a la DINA, Townley prestó ayuda al FBI en localizar a un gusano ex-agente de la CIA al momento de la visita de Henry Kissinger a Santiago en mayo de 1976.

  

En artículos anteriores (véase “The Long Arm of the DINA”, WV No. 149, 18 de marzo de 1977) documentamos cómo los hermanos Novo habían estado por años bajo la vigilancia del FBI; cómo los agentes siguieron a los asesinos cubanos a su primera reunión con Fernández y Townley en el English Lobster Club de Miami; que incluso el FBI había tropezado con la reunión en un hotel de Santo Domingo donde fueron discutidos por CORO (la organización contrarrevolucionaria cubana encabezada por Orlando Bosch) los planes del asesinato, junto con otros planes para destrozar un avión comercial cubano (resultando en la muerte de 73 personas). Informamos como el FBI retrasó la investigación: por ejemplo repetidas divulgaciones confidenciales de la misma evidencia “nueva” de una conexión Santiago/Miami, cuyos detalles estaban en mimos del Departamento de Justicia solo días después de haber ocurrido el asesinato.

  

Últimamente se ha corroborado esta evidencia con el testimonio adicional de los periodistas Ernest Volkman y John Cummings en un artículo aparecido en el Penthouse de julio de 1978. También han ayudado en establecer por qué los investigadores “laboriosos, pero innovadores” no han llegado a la conclusión evidente de que la policía secreta de Pinochet estaba detrás del complot. Rehusando a seguir la pista a la DINA, el FBI primero instruyó a sus agentes a investigar a Isabel Letelier y a cualquier otra mujer que hubiera conocido a Orlando Letelier, para determinar si podía existir el “factor de la mujer resentida”. Luego se ordenó que cazaran a los ex-novios de Ronni Moffitt por si acaso era ella el verdadero blanco, siendo el atacante, según esta versión, un antiguo amante enloquecido por los celos que por casualidad era además un experto en explosivos plásticos C-4. Finalmente les ordenaron seguir la teoría de que el asesinato fue la obra de izquierdistas convencidos de que Letelier les había traicionado. ¡No fue sino después de que Gerald Ford salió del poder que el FBI comenzó a investigar si el asesinato con bombas fue un atentado derechista!

  

Carter quiere una junta militar de “derechos humanos”

  

Al día siguiente de la publicación de las inculpaciones por el gran jurado, la Cámara de Representantes norteamericana estaba en un tumulto sobre el insolente dictador latinoamericano que tuvo el descaro de ejecutar a su adversario en territorio yanqui. En un grandioso ademán de indignación sobre la violación de los “derechos humanos”, la Cámara votó regañar a Pinochet y embargar un cargamento de materiales bélicos a Chile hasta que los funcionarios de la DINA fueran entregados. Sin embargo, ya para el 3 de agosto los distinguidos congresistas habían cambiado de opinión, bajo presión de la administración Carter que expresó su inquietud de que la “justicia” sería socavada si se interpretaran las acusaciones como una maniobra políticamente inspirada para derribar el régimen de Santiago.

  

Evidentemente, es justo de eso de lo que se trata. En efecto, fuentes informadas anotan que la investigación recibió un fuerte empujón a fines del año pasado por el interés personal de Rosalynn Carter después de su regreso de un viaje a Latinoamérica, quien estaba enojada sobre las críticas de que solamente se había codeado con dictadores. Durante su primer año en funciones la administración del Partido Demócrata sólo había presionado a sus dictadores aliados para conseguir unas pocas reformas superficiales (cambiando la sigla a la DINA, amnistías fingidas en Chile, farsa de elecciones acá y allá). El encargado del Departamento de Estado para asuntos latinoamericanos, Terrence Todman, alabó al régimen pinochetista por hacer “progresos” en materia de derechos humanos. Pero no se podía esconder la contradicción flagrante entre la existencia de los campos de concentración y la retórica moralista de Carter, sobre todo en la reunión en Washington de déspotas de la OEA para presenciar la firma del nuevo tratado del canal de Panamá en septiembre de 1977.

  

A principios de este año Washington dio media vuelta en su política latinoamericana. Todman fue enviado a Madrid y reemplazado por un liberal de “derechos humanos”; el anterior apoyo incondicional de Washington al hombre fuerte nicaragüense Somoza fue cancelado, y se le dio la luz verde a la investigación del caso Letelier. Para la primavera de 1978 se corrían los rumores en Washington que los EE.UU. estaban dispuestos a aprobar un golpe interno dentro de la junta militar chilena. La publicación británica bien informada Latin American Political Report (17 de marzo de 1978), señaló:

  

“Las acusaciones lanzadas la semana pasada por el líder de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, en Qué Pasa [una revista chilena adicta al gobierno], según las cuales los últimos pasos en el caso Letelier eran parte de un complot de la CIA para desestabilizar al gobierno no eran tan paranoicas como parecían: Pero el presidente Augusto Pinochet ha atraído la ira de la administración estadounidense por su propia intransigencia.”

  

El reajuste de la política de los EE.UU. pronto empezó a poner presión sobre el régimen pinochetista desde el Interior de las FF.AA. chilenas. En marzo, en el curso de una reunión del consejo de los altos mandos del ejército, 13 generales exigieron la renuncia inmediata del presidente (en contra de 17 que querían concederle varios meses más). Otra novedad fue el nombramiento del general Herman Brady como consejero presidencial a cargo de coordinación con las fuerzas armadas. Se identifica a Brady estrechamente con el Pentágono y se le considera, según Latin American Political Report, como “el candidato favorito [para reemplazar a Pinochet]... un sustituto limpio, sin un historial de’ envolvimiento en la represión o la policía secreta”.

  

Hasta el momento de su despido repentino por Pinochet a mediados de julio, el más destacado entre los posibles sucesores del dictador chileno había sido el comandante de la fuerza aérea, el general Gustavo Leigh, un miembro de la junta que se empeñó en darse credenciales “democráticas” después de romper con sus antiguos compinches en Patria y Libertad. La destitución de Leigh provocó la renuncia en masa de 19 de los 21 generales de la fuerza aérea en solidaridad con su jefe. Mientras esto le sacó una espina del costado a Pinochet (hacía meses que Leigh estaba tirando desde el escondite al jefe de la junta), la ostentosa demostración de solidaridad indicó que en el interior de las FF.AA. chilenas la opinión estaba lejos de ser unánime.

  

El descontento dentro de la junta (incluyendo al almirante Merino, otro secuaz del Pentágono) está íntimamente ligado a los signos de oposición cada vez más evidentes de los demócratas cristianos (cuyas campañas electorales de 1964 y 1970 fueron financiadas en gran parte por la CIA, como también lo fueron sus actividades subversivas en contra de Allende). Y cuando salieron las revelaciones sobre el caso Letelier a principios de este año, el prestigioso Mercurio, que tiene toda una historia de abundantes subsidios de la CIA, publicó las fotos que resultaron en la identificación de Townley como uno de los agentes de la DINA que viajó a Washington con pasaporte diplomático falso.

  

¡Por revolución obrera para aplastar a la junta!

  

No importa quién reciba la señal de asentimiento de Washington, ni los Estados Unidos ni los opositores burgueses de Pinochet en Chile tienen la menor intención de “desencadenar la democracia” en Santiago. Los EE.UU. claramente empujan una opción castrense reformada, una junta militar con rostro de “derechos humanos”, quizás lustrando el adorno del ex-presidente demócrata cristiano Eduardo Frei. En forma parecida, en Argentina el Departamento de Estado trata de fortalecer la mano de Videla −el jefe de la junta militar y el asesino de masas “moderado”− en vez de oponerse al régimen como tal. Y en este intento de sacarle las castañas del fuego al imperialismo norteamericano, pueden contar con la cooperación de casi la totalidad de la izquierda chilena, desde los partidos comunista y socialista (quienes hoy negocian en voz alta con los democristianos) hasta el MIR. Pero si Washington se sale con la suya y no resulta nada más que una recomposición de los generales, serán los trabajadores y los pobres de Chile quienes pagarán la cuenta.

  

Irónicamente, hace cinco años estos mismos grupos insistían en que el golpe pinochetista fue cien por cien “Made in U.S.A.” En aquel entonces se esforzaban en ocultar su propia complicidad en el apoyo de la coalición burguesa de Allende, buscando alianzas con los democristianos golpistas y fomentando ilusiones en los oficiales “constitucionalistas” tales como Pinochet. Hoy día estos reformistas “realistas” se plegarán tan pronto como la Casa Blanca dé las órdenes, esperando que el Tío Sam “democrático” gane la contienda en beneficio de ellos. Así que para estos seudomarxistas el imperialismo no es nada más que una injuria, o a lo más una política exterior.

  

¿Y cuál es este faro de “derechos humanos” en las Américas? Es el mismo imperialismo yanqui que proveyó el dinero y las armas para asesinar el general René Schneider en 1970 en espera de provocar un golpe del ejército para impedir la subida de Allende al poder. Es la misma potencia que financió a los fascistas de Patria y Libertad. El mismo régimen que organizó el acaparamiento de víveres, el tráfico en divisas, el “paro” paralizador de los camioneros, y las manifestaciones contrarrevolucionarias “de las ollas” de las amas de casa para desestabilizar al gobierno elegido de la UP y “hacer gritar a la economía chilena”. Es el mismo gendarme reaccionario que colaboró a cada paso con el golpe pinochetista en 1973. Es éste quien les canta las jugadas a los democristianos chilenos y en quien confía hoy día la izquierda reformista.

  

Mientras el comité selecto del Senado norteamericano encargado de investigar las agencias de espionaje descubrió cantidades de pruebas de la subversión instigada y financiada por los EE.UU. en Chile, todavía, se trata de ocultar el alcance de la intromisión estadounidense. El 10 de agosto el Washington Post informó que, en interés de la “seguridad nacional”, tres de los seis cargos formulados en contra del antiguo director de la ITT Edward Gerrity habían sido retirados. Gerrity fue acusado de perjurio al negar el papel que su compañía desempeñó tratando de sobornar las elecciones chilenas de 1970. En efecto. Los cargos restantes también pueden ser retirados para proteger los secretos gubernamentales: un vocero del Departamento de Justicia anotó que “casos como éste están bajo repaso constante”.

  

Desde el momento del asesinato de Letelier insistimos en la culpabilidad de la DINA pinochetista. Y es halagüeño que por fin se haya logrado un poco de justicia. Pero advertimos contra toda confianza en el estado imperialista estadounidense, evidentemente involucrado en el asunto:

  

“¡Exigimos que los asesinos de Orlando Letelier sean detenidos y procesados, pero expresamos nuestra falta absoluta de confianza en la burguesía norteamericana para hacerlo! Denunciamos igualmente la complicidad del gobierno norteamericano en este asesinato odioso: ¿Cómo es posible que los asesinos a sueldo de Pinochet puedan ejecutar con impunidad su nefasta obra sanguinaria en las calles de Washington? La respuesta es patente.

  

“La clase obrera mundial debe dar un fuerte clamor de protesta en contra del asesinato brutal de Orlando Letelier. ¡Ni un centavo de ayuda a la junta militar! ¡Boicot laboral de todo cargamento con rumbo a, o proveniente de Chile! ¡El asesinato de Orlando Letelier será vengado por la revolución proletaria para aplastar a la ensangrentada dictadura pinochetista!

  

− “Pinochet Asesino! Orlando Letelier Murdered”, WV No. 126. 24 de septiembre de 1976

  

Quienes acuden a los imperialistas “democráticos” para derrumbar al régimen pinochetista dieron un grito de alegría cuando el 2 de agosto la Cámara de Representantes estadounidense votó el embargo de armas con destino a Chile. Pero al día siguiente sus gritos se callaron cuando los liberales volubles revocaron la medida, cediendo a las órdenes de Carter. Esto debe servir como lección de la imposibilidad de depender del enemigo de clase para defender a los oprimidos y explotados. En contraste la tendencia espartaquista destaca la acción de los obreros portuarios de San Francisco, quienes en junio de este año señalaron el camino a seguir para la solidaridad proletaria con las masas chilenas al boicotear un cargamento de piezas de bombas a la junta sangrienta (véase “ILWU Stops Bombs to Chile”, WV No. 210, 3 de junio de 1971). Es por medio de acciones auténticamente internacionalistas, tales como ésta, y la construcción de un partido trotskista revolucionario de vanguardia en Chile en una lucha encarnizada con los reformistas estalinistas y socialdemócratas quienes abrieron el paso al desastre del 11 de septiembre, que la clase obrera chilena se levantará de nuevo.

  

¡Vengar a Orlando Letelier! ¡No una junta militar de “derechos humanos” Made in U.S.A., sino revolución proletaria para aplastar al régimen de terror en Chile!